Publicado originalmente en The Last American Vagabond
De cara al 2026, los mexicanos y los extranjeros que residen en México se preparan para afrontar un futuro incierto en relación con las nuevas leyes que exigen la identificación biométrica para determinados servicios.
En julio de 2025, entraron en vigor en México varias leyes nuevas que aumentan considerablemente las posibilidades de vigilancia gubernamental y obligan a la población a registrarse en un programa biométrico necesario para acceder a muchos servicios, como la banca, los programas de salud, la asistencia social, la educación, la telefonía móvil y el acceso a Internet.
Aunque está previsto que las leyes se apliquen gradualmente a partir de febrero y durante toda la primavera de 2026, aún no está claro cómo se aplicarán estas políticas en un país conocido por la debilidad de su Gobierno federal y la corrupción rampante. Tampoco está claro cómo se implementará la infraestructura para estos programas en las vastas zonas rurales de México, donde reside hasta una quinta parte de la población.
El requisito biométrico está relacionado con el código de identidad personal de México para ciudadanos y residentes, conocido como Clave Única de Registro de Población (CURP). El CURP suele constar de 18 caracteres derivados de los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento y el sexo de la persona. Funciona de manera similar al número de la Seguridad Social de Estados Unidos.
Las nuevas leyes exigirán que el CURP incluya la fotografía del titular y un código QR que incorpore datos biométricos, incluidos escaneos de huellas dactilares e iris. La legislación exige la creación de una «Plataforma de Identidad Unificada», gestionada por la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital. Esta plataforma integrará el CURP biométrico con el sistema de salud.
El CURP biométrico también sería necesario para adquirir servicios de Internet y telefonía móvil. Esto obligaría a las empresas que venden estos servicios a comprobar el CURP del cliente antes de la compra. Las personas que no cumplan con el requisito del CURP podrían ver interrumpido su servicio de Internet o teléfono.
El servicio de inteligencia civil de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la Guardia Nacional tendrán acceso a los datos biométricos.
El Gobierno Mexicano afirma que estas nuevas leyes tienen como objetivo luchar contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, así como ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. El Gobierno también ha argumentado que los controvertidos cambios en las leyes de telecomunicaciones del país están diseñados para salvar la llamada “brecha digital”, en referencia al acceso limitado a Internet y a los servicios de telefonía móvil en las zonas rurales en comparación con los entornos urbanos.
Reuters informó recientemente sobre las nuevas leyes:
“Esta medida ha generado opiniones divididas entre los mexicanos. Por un lado, existe el temor de que se convierta en una herramienta de vigilancia gubernamental, ya que la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pueden acceder a información delicada de las personas, que incluirá datos bancarios y de telecomunicaciones. Por otro lado, representa una esperanza para miles de familias que han estado buscando a sus seres queridos en un país en el que desaparecen una media de 42 personas al día, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”.
José Raúl González Ramírez, que tiene un máster en derecho notarial y es aspirante asignado al Notario 1 de Cuernavaca, Morelos, declaró a Reuters que, si las leyes se aplican correctamente, «podría proporcionar garantías más sólidas contra el fraude de identidad». Sin embargo, advirtió que «sin una base de datos fiable y una gestión adecuada de los datos», podría convertirse en un «problema grave».
Cronograma de implementación incierto
Aún no se sabe cómo ni cuándo se implementarán los programas por completo. Desde la aprobación de las leyes en julio, los estados de Veracruz y México, junto con la Ciudad de México, han estado probando módulos de registro donde los residentes y ciudadanos pueden registrarse para obtener el CURP biométrico. La Ciudad de México amplió sus módulos a partir de octubre de 2025. Los datos sobre las tasas de registro no se han hecho públicos.
El Gobierno mexicano ha anunciado que, a partir de enero de 2026, el registro biométrico del CURP será gestionado por el Registro Civil y las oficinas del Registro Nacional de la Población (RENAPO) a nivel nacional. Se espera que el programa entre en vigor y sea obligatorio en febrero de 2026, aunque el registro aún no ha comenzado en la mayor parte del país. Aún no están claros los detalles sobre cómo el Gobierno planea registrar a la población de México, que supera los 130 millones de habitantes.
Para registrarse en el nuevo CURP, las personas deberán presentar su identificación oficial actual (conocida como INE o pasaporte mexicano), un certificado de nacimiento, un comprobante de domicilio y una dirección de correo electrónico activa. A los solicitantes también se les tomarán las huellas dactilares y se les escaneará el rostro.
Ha habido algunos indicios de resistencia a las controvertidas nuevas leyes.
A finales de agosto de 2025, un tribunal colegiado federal de Yucatán concedió una suspensión provisional del requisito de proporcionar datos biométricos, tras una impugnación legal conocida como recurso de amparo. El amparo se originó en México con la Constitución de Yucatán de 1841 y se ha utilizado en toda América Latina desde el siglo XIX como herramienta de recurso legal.
Según un informe de la revista Yucatán Magazine:
“El Tribunal Colegiado de Asuntos Penales y Administrativos de Yucatán concedió una suspensión provisional que impide a las autoridades exigir datos biométricos para el Código Único de Registro de la Población (CURP). La decisión se tomó después de que un ciudadano presentara una denuncia tras una denegación inicial por parte de un juez federal.
El Primer Tribunal Colegiado de Asuntos Administrativos y Civiles de Querétaro también concedió suspensiones provisionales que impiden a las autoridades exigir datos biométricos —huellas dactilares, fotografías e incluso escaneos del iris— para el procedimiento”.
El informe también señala que el juez federal Oswaldo Rivera González, de Ciudad de México, dictó suspensiones en respuesta a los recursos de amparo presentados por varios ciudadanos. El juez declaró que la suspensión provisional puede revocarse si posteriormente se determina que la ley cumple los criterios constitucionales.
Si bien los amparos ofrecen a los mexicanos una vía para oponerse a las nuevas leyes, los recientes cambios en la ley de amparo vigente podrían debilitar su eficacia como defensa jurídica. A partir de octubre, si una persona o un grupo impugna una ley o una política gubernamental, la sentencia de un tribunal solo puede proteger a los demandantes y no anula la ley para toda la población del país. José Ramón Cossío Díaz, abogado mexicano que ocupó el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, calificó los cambios como “un importante retroceso en la protección de los derechos humanos del país, que en última instancia beneficia al gobierno y no a los ciudadanos”.
¿Será obligatorio?
Aún quedan muchas preguntas sobre si el CURP biométrico será realmente obligatorio para la vida cotidiana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado en repetidas ocasiones que es voluntario, y algunos medios de comunicación han afirmado lo mismo.
Sin embargo, los críticos señalan que la reforma de 2025 a la Ley General de Población convierte al CURP biométrico en el documento de identificación nacional obligatorio para la mayoría de las transacciones oficiales y privadas, y se espera que su aplicación plena comience en febrero de 2026.
Como señaló recientemente el blog de viajes Mexperience, “En la práctica, en el futuro podría resultar imposible acceder a determinados programas y transacciones en México sin un CURP biométrico, por ejemplo: asistencia sanitaria, programas gubernamentales, matriculación escolar y banca”.
Además de exigir la verificación del CURP para activar el servicio de Internet o de telefonía móvil, las medidas recientemente aprobadas incluyen cambios en la ley de telecomunicaciones de México. Por ejemplo, la ley obliga a los proveedores de servicios de Internet a compartir los datos de geolocalización en tiempo real de los usuarios con las autoridades mexicanas cuando estas lo soliciten.
Aunque Sheinbaum afirma que no se compartirán datos sin una orden judicial, los críticos sostienen que los cambios no requerirán aprobación judicial antes de rastrear un teléfono móvil. También advierten que las autoridades mexicanas podrán cortar el servicio de telefonía móvil o Internet cuando y donde lo deseen, en nombre de la lucha contra la delincuencia.
En septiembre, José Flores, director del grupo local de derechos digitales Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), publicó una “nota conceptual” sobre las leyes y los peligros que plantean. La organización ha presentado sus propios amparos contra el paquete de leyes.
Según R3D, la ley de telecomunicaciones establece un plazo hasta enero de 2026 para que se publiquen y compartan con las empresas de telecomunicaciones las directrices. También afirman que las cuentas de telefonía móvil e Internet no registradas serán canceladas en mayo de 2026 (con actualizaciones recientes que indican que la suspensión se aplicará ya en enero de 2026).
“Este sistema de vigilancia y control social sin precedentes también supone una restricción indirecta de la libertad de expresión y del derecho de asociación, ya que implica la posibilidad de que las autoridades civiles y militares accedan a datos sensibles, como los lugares en los que se encuentran las personas, con quién se reúnen o hablan, y todas sus actividades diarias, lo que crea un entorno hostil para la expresión de críticas políticas y disidencia”, escribe el grupo.
El grupo ha pedido a activistas y organizaciones internacionales que den la voz de alarma sobre las nuevas leyes invasivas de México.
“Como organización, nos estamos preparando para impugnar estas leyes ante los tribunales. Sin embargo, creemos que el apoyo internacional es fundamental para concienciar sobre estos riesgos, por lo que le invitamos a ayudar a difundir esta información entre otras personas”.
¿Qué nos depara el futuro?
A pocos días de que llegue 2026, los ciudadanos mexicanos, los residentes extranjeros y los turistas esperan con ansiedad más detalles sobre cómo se aplicarán realmente el CURP biométrico y las leyes asociadas. Lamentablemente, aparte de organizaciones como R3D y Artículo 19, junto con algunas demandas aisladas, no ha habido una resistencia importante por parte del pueblo mexicano a estos programas invasivos.
Si hay alguna esperanza de detener el auge de la biometría en México, será necesaria una movilización masiva de mexicanos y residentes extranjeros que se unan para detener la vigilancia antes de que sea demasiado tarde.